Miguel Rodríguez Díaz, conocido como «Cuchillo», ha enviado una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo que se rectifique públicamente por acusarlo de ser el autor intelectual de la masacre de 13 mineros en Pataz, La Libertad. El documento le da un plazo de 5 días para retractarse o enfrentar una demanda por calumnia y difamación agravada.
Desde la clandestinidad, Rodríguez Díaz ha presentado un video como prueba de su presunta inocencia. En las imágenes, grabadas el 27 de abril a las 3:11 a.m., se le observa ingresando a una discoteca en Casma, lo que contradiría su participación en los hechos ocurridos en Pataz. En el material, se identifica a un hombre con un morral negro, supuestamente él, en un lugar distinto al de los crímenes.
Además, la familia de «Cuchillo» se ha pronunciado, respaldando su versión y denunciando que dos de sus viviendas en Casma fueron intervenidas por la policía sin contar con una orden de captura nacional o internacional. Las imágenes exclusivas de estos allanamientos han sido difundidas como parte de su defensa.
En la carta notarial, Rodríguez Díaz argumenta que las declaraciones de la mandataria han «alterado el normal desarrollo de su vida personal», afectando su reputación y seguridad. El caso ha generado controversia, especialmente por las implicaciones políticas y judiciales que podrían surgir si la presidenta no se retracta en el plazo establecido.
Este enfrentamiento pone en evidencia la tensión entre el gobierno y figuras acusadas de delitos graves, en un contexto donde la justicia y la presunción de inocencia son temas de debate público.
