El Tribunal Constitucional (TC) amplió hasta el año 2030 el plazo para que el Poder Ejecutivo implemente soluciones al grave problema de hacinamiento carcelario que afecta al sistema penitenciario peruano.
Originalmente, en 2020 el TC había establecido como fecha límite el 26 de mayo de 2025 para resolver esta problemática, bajo la advertencia de que, de no cumplirse, los penales sobrepoblados deberían cerrarse. Sin embargo, este martes los magistrados emitieron un nuevo fallo extendiendo el plazo por cinco años más.
La exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mávila, señaló que el problema no se soluciona únicamente con la construcción de más penales. «Se debe evitar mandar a prisión a quienes cometen delitos menores», afirmó la experta, destacando la necesidad de enfoques alternativos.
Desde el Ejecutivo se han planteado medidas como brindar asesoría legal a condenados por hurto simple y omisión de prestación de alimentos, para que puedan acceder a beneficios penitenciarios como la libertad condicional.
Finalmente, el TC ordenó al INPE y al Ministerio de Justicia que presenten informes anuales en enero de cada año hasta 2030, detallando los avances concretos en el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria.
