En medio de un creciente debate social, un proyecto de ley que busca imputar responsabilidad penal a menores entre 14 y 16 años ha generado controversia en Perú. La iniciativa legislativa surge en un contexto donde se reportan varios casos de adolescentes involucrados en delitos graves.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Huaral, donde un joven de 19 años fue recapturado nueve días después de su fuga del centro juvenil Maranguita. Según reportes policiales, el sujeto fue detenido cuando intentaba asaltar un prostíbulo armado con una Mini Uzi, en compañía de otros delincuentes.
En otro incidente preocupante, un adolescente de 16 años perdió un brazo al detonar un explosivo en un paradero de mototaxis en Independencia. Las autoridades investigan si se trató de un intento de ataque extorsivo, lo que ha reavivado el debate sobre la participación de menores en actividades delictivas.
El abogado Percy Castillo, exadjunto de la Defensoría del Pueblo, cuestiona el enfoque de la nueva legislación: «Es una respuesta más emocional que técnica», señaló. Por su parte, organismos internacionales han manifestado preocupación, argumentando que la medida podría contravenir acuerdos internacionales sobre derechos de los menores.
El Ministerio de Justicia asegura estar acondicionando áreas diferenciadas en los penales para albergar a menores, mientras que la Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto.
Estos casos coinciden con los resultados del III Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de 2024, que revelan las complejidades del sistema de rehabilitación para menores infractores. El debate sigue abierto: ¿son estas medidas la solución para combatir la delincuencia juvenil o se necesita un enfoque más integral?
