La Defensoría del Pueblo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32330, que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves. Esta medida ha generado un intenso debate sobre la protección de los derechos de los menores y la eficacia del sistema judicial.
La ley, promulgada recientemente por el gobierno, busca endurecer las penas para adolescentes involucrados en crímenes graves. Sin embargo, organizaciones como el Poder Judicial y UNICEF han manifestado su rechazo, argumentando que va en contra de los estándares internacionales de protección a la niñez y adolescencia.
Según datos del Ministerio del Interior, menos del 2% de los delitos penales en el país son cometidos por adolescentes, lo que pone en duda la necesidad de una legislación tan severa. Además, expertos señalan que el sistema debería enfocarse en la rehabilitación y no en el castigo de menores.
La presidenta del TC aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que el tribunal evalúe la demanda en las próximas semanas. Mientras tanto, colectivos de derechos humanos y organizaciones internacionales continúan presionando para que se revise la ley.
Este caso reabre el debate sobre cómo el Estado peruano protege a sus niños y adolescentes, especialmente en contextos de violencia y marginalidad. ¿Es suficiente endurecer las penas, o se necesitan políticas integrales que aborden las causas de la delincuencia juvenil?
